Ayer entró en vigencia la Ley de Costos
Gobierno congela precios de 18 productos de aseo e higiene personal
LUIS CARÍAS\ADRIANA CHIRINOS CASTRO
La aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos comenzó con la congelación de los precios de 18 productos de aseo e higiene personal, para evitar que aumenten mientras se efectúan las primeras fiscalizaciones.
Los productos cuyos precios quedan congelados serían: envases para agua mineral, jugos naturales pasteurizados, ceras para pisos, cloro, detergentes, jabón en panela, lavaplatos líquidos, desinfectantes, suavizantes para ropa, desodorantes en todas sus presentaciones, papel higiénico, pañales para bebés, toallas sanitarias, dentríficos, champú y enjuagues para el cabello, jabón de baño, máquina para afeitar y enjuagues bucales, enumeró el vicepresidente de la República, Elías Jaua.
Ese proceso durará hasta el 15 de diciembre, lapso en el que se harán auditorías a los productos y para el 15 de enero, deberán tener marcado el Precio Máximo de Venta al Público.
Vía telefónica, el presidente Hugo Chávez indicó que las empresas privadas que serán fiscalizadas en primer lugar serán Agua Mineral, Industrias Lácteos, Heinz, Pepsi, Coca Cola, Nestlé, Polar, Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive.
Aun así fue Jaua quien encabezó el acto oficial. Allí expresó que sólo deben temer a la Ley de Costos los "acaparadores y especuladores", pues se busca que se sean vendidos productos a un precio justo.
Tres intendencias
En la Gaceta Oficial Nº 39.804 se publicó el Reglamento Interno de la Superintendencia Nacional de Costos, en la que se especifican funciones de las intendencias de inspección y fiscalización, de costos y precios y de gestión integral.
La Intendencia de Costos será la encargada de realizar evaluaciones, correspondientes a la determinación del precio justo de un bien o servicio, así como diseñar y proponer políticas de costos.
La Intendencia de Inspección y Fiscalización deberá ejecutar los procedimientos para verificación de información, actividades materiales o técnicas o aplicar sanciones o acciones preventivas.
En el reglamento también se crea la Oficina de Participación Popular para facilitar la articulación de la participación activa de las comunidades. También deberá diseñar estrategias y mecanismos para hacer efectiva la corresponsabilidad de las comunidades organizadas.
Un boomerang
Armando León, director del Banco Central de Venezuela, explicó que de no aplicar correctamente la Ley de Costos puede convertirse en un "boomerang", al tiempo que agregaba que ninguna economía funciona con un mecanismo de Ley de Precios, por lo que ha sido clave realzar que sólo será para sectores particulares.
El BCV apoyará en el funcionamiento de la Ley, pues existen cerca de 500 mil productos, de los cuales el ente financiero recoge unos 300 mil. "La Superintendencia de Costos debe tener una estructura más fuerte porque el que mucho abarca poco aprieta. Yo diría que es muy difícil apretar 500 mil precios en una economía tan grande como la nuestra, aún con la tecnología, porque hay que ir directamente y evaluar cada precio. Es un tema complicado".
Fracasará
Para Fedecámaras la cuestión es más complicada, pues un margen de ganancia entre 10% y 12%, sólo condena a la Ley al fracaso. Más controles generarán presión en los productos ya regulados y no garantizará una disminución de la inflación, la escasez o la especulación.
Distinto piensa el diputado al Parlamento, Ramón Lobo. Señala que el instrumento incrementará la eficacia económica en la producción de bienes y servicios. Reconoce que el Gobierno deberá establecer diferentes mecanismos de regulación.
Rafael Alfonso, presidente de Cedice, indicó que el instrumento es un "cerco industrial" que el Gobierno ha impuesto. "Se quiere acabar con el aparato productivo nacional", alertó.
Desabastecimiento
Para Consecomercio la entrada en vigencia del texto sólo abrirá la brecha entre los precios de mercado y los regulados, por lo que no prevé una disminución de la escasez o la inflación. "La vía es abrir el mercado, flexibilizarlo y permitir que importador y manufactureros trabajen".
El director de la Cámara de Comercio de Caracas, Juan Manuel Rafalli, aseguró que aún no pasa nada con la Ley de Costos, porque todo se ha dejado para un desarrollo posterior de los reglamentos.
Rafalli aclaró que no se puede aplicar alguna fiscalización ni es posible formalizar la solicitud de recaudos, porque todavía ni siquiera existe un registro.
Pequeñas y medianas industrias temen ir a la quiebra
La recién aprobada norma de Costos y Precios Justos afectará a las pequeñas y medianas empresas que no poseen tecnologías suficientes para garantizar la producción del producto o servicio con un menor costo. El posible cierre de ese sector desencadenará en el alza del desempleo y de importación de rubros a un mayor costo.
Lejos de abatir la inflación se incrementará la escasez de materia prima, mantuvo William Rojas, primer vicepresidente de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos del Estado Carabobo (Capemiac). Agregó que posiblemente cuando el Gobierno no esté de acuerdo con la estructura de costo de una empresa, la expropiará, lo que considera otro problema de la Ley.
El presidente de Fedecámaras Carabobo, Antonio Landaeta, agregó que la falta de providencias administrativas deja espacios desconocidos en la Ley.
Para tener precios justos, es necesario tener costos verdaderos, sentenció Landaeta. "Es necesario que todas las empresas tengan utilidad para aumentar los sueldos, dar mejoras de trabajo, invertir en equipos y manejar la inflación. La inflación no se combate con leyes ni con decretos sino con inversión, confianza, competencia, donde haya oferta y demanda".
Para el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Gustavo Sosa Izaguirre, la norma es una ley más que estaba contemplada en el paquete rechazado en la reforma constitucional y que ahora es "legitimada". "Es una ley de persecución con sanciones de hasta 90 días, intervención, suspensión de hasta 10 años al vendedor. Obliga a que pague los salarios de los trabajadores así esté parada. Sólo se aplica en Cuba y Corea del Norte".
Los declarantes expresaron su rotundo rechazo a la ley que como sostuvo Sosa Izaguirre es otro mecanismo mediante el cual se siguen incautando los bienes. http://www.el-carabobeno.com/
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Gobierno congela precios de 18 productos de aseo e higiene personal
LUIS CARÍAS\ADRIANA CHIRINOS CASTRO
La aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos comenzó con la congelación de los precios de 18 productos de aseo e higiene personal, para evitar que aumenten mientras se efectúan las primeras fiscalizaciones.
Los productos cuyos precios quedan congelados serían: envases para agua mineral, jugos naturales pasteurizados, ceras para pisos, cloro, detergentes, jabón en panela, lavaplatos líquidos, desinfectantes, suavizantes para ropa, desodorantes en todas sus presentaciones, papel higiénico, pañales para bebés, toallas sanitarias, dentríficos, champú y enjuagues para el cabello, jabón de baño, máquina para afeitar y enjuagues bucales, enumeró el vicepresidente de la República, Elías Jaua.
Ese proceso durará hasta el 15 de diciembre, lapso en el que se harán auditorías a los productos y para el 15 de enero, deberán tener marcado el Precio Máximo de Venta al Público.
Vía telefónica, el presidente Hugo Chávez indicó que las empresas privadas que serán fiscalizadas en primer lugar serán Agua Mineral, Industrias Lácteos, Heinz, Pepsi, Coca Cola, Nestlé, Polar, Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive.
Aun así fue Jaua quien encabezó el acto oficial. Allí expresó que sólo deben temer a la Ley de Costos los "acaparadores y especuladores", pues se busca que se sean vendidos productos a un precio justo.
Tres intendencias
En la Gaceta Oficial Nº 39.804 se publicó el Reglamento Interno de la Superintendencia Nacional de Costos, en la que se especifican funciones de las intendencias de inspección y fiscalización, de costos y precios y de gestión integral.
La Intendencia de Costos será la encargada de realizar evaluaciones, correspondientes a la determinación del precio justo de un bien o servicio, así como diseñar y proponer políticas de costos.
La Intendencia de Inspección y Fiscalización deberá ejecutar los procedimientos para verificación de información, actividades materiales o técnicas o aplicar sanciones o acciones preventivas.
En el reglamento también se crea la Oficina de Participación Popular para facilitar la articulación de la participación activa de las comunidades. También deberá diseñar estrategias y mecanismos para hacer efectiva la corresponsabilidad de las comunidades organizadas.
Un boomerang
Armando León, director del Banco Central de Venezuela, explicó que de no aplicar correctamente la Ley de Costos puede convertirse en un "boomerang", al tiempo que agregaba que ninguna economía funciona con un mecanismo de Ley de Precios, por lo que ha sido clave realzar que sólo será para sectores particulares.
El BCV apoyará en el funcionamiento de la Ley, pues existen cerca de 500 mil productos, de los cuales el ente financiero recoge unos 300 mil. "La Superintendencia de Costos debe tener una estructura más fuerte porque el que mucho abarca poco aprieta. Yo diría que es muy difícil apretar 500 mil precios en una economía tan grande como la nuestra, aún con la tecnología, porque hay que ir directamente y evaluar cada precio. Es un tema complicado".
Fracasará
Para Fedecámaras la cuestión es más complicada, pues un margen de ganancia entre 10% y 12%, sólo condena a la Ley al fracaso. Más controles generarán presión en los productos ya regulados y no garantizará una disminución de la inflación, la escasez o la especulación.
Distinto piensa el diputado al Parlamento, Ramón Lobo. Señala que el instrumento incrementará la eficacia económica en la producción de bienes y servicios. Reconoce que el Gobierno deberá establecer diferentes mecanismos de regulación.
Rafael Alfonso, presidente de Cedice, indicó que el instrumento es un "cerco industrial" que el Gobierno ha impuesto. "Se quiere acabar con el aparato productivo nacional", alertó.
Desabastecimiento
Para Consecomercio la entrada en vigencia del texto sólo abrirá la brecha entre los precios de mercado y los regulados, por lo que no prevé una disminución de la escasez o la inflación. "La vía es abrir el mercado, flexibilizarlo y permitir que importador y manufactureros trabajen".
El director de la Cámara de Comercio de Caracas, Juan Manuel Rafalli, aseguró que aún no pasa nada con la Ley de Costos, porque todo se ha dejado para un desarrollo posterior de los reglamentos.
Rafalli aclaró que no se puede aplicar alguna fiscalización ni es posible formalizar la solicitud de recaudos, porque todavía ni siquiera existe un registro.
Pequeñas y medianas industrias temen ir a la quiebra
La recién aprobada norma de Costos y Precios Justos afectará a las pequeñas y medianas empresas que no poseen tecnologías suficientes para garantizar la producción del producto o servicio con un menor costo. El posible cierre de ese sector desencadenará en el alza del desempleo y de importación de rubros a un mayor costo.
Lejos de abatir la inflación se incrementará la escasez de materia prima, mantuvo William Rojas, primer vicepresidente de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos del Estado Carabobo (Capemiac). Agregó que posiblemente cuando el Gobierno no esté de acuerdo con la estructura de costo de una empresa, la expropiará, lo que considera otro problema de la Ley.
El presidente de Fedecámaras Carabobo, Antonio Landaeta, agregó que la falta de providencias administrativas deja espacios desconocidos en la Ley.
Para tener precios justos, es necesario tener costos verdaderos, sentenció Landaeta. "Es necesario que todas las empresas tengan utilidad para aumentar los sueldos, dar mejoras de trabajo, invertir en equipos y manejar la inflación. La inflación no se combate con leyes ni con decretos sino con inversión, confianza, competencia, donde haya oferta y demanda".
Para el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Gustavo Sosa Izaguirre, la norma es una ley más que estaba contemplada en el paquete rechazado en la reforma constitucional y que ahora es "legitimada". "Es una ley de persecución con sanciones de hasta 90 días, intervención, suspensión de hasta 10 años al vendedor. Obliga a que pague los salarios de los trabajadores así esté parada. Sólo se aplica en Cuba y Corea del Norte".
Los declarantes expresaron su rotundo rechazo a la ley que como sostuvo Sosa Izaguirre es otro mecanismo mediante el cual se siguen incautando los bienes. http://www.el-carabobeno.com/
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