¡Solvencia y contra la pared!
El
sistema tributario venezolano se ha convertido en la sumatoria de
cantidad de impuestos, tasas y contribuciones parafiscales irracionales.
Durante décadas era muy común que los muchachos se reunieran en la calle a jugar.
La
cuadra, las esquinas o las plazas de barrios o urbanizaciones eran los
campings modernos; sustituía las facilidades de estos centros de
diversión y formación con que contamos los padres de hoy día para lidiar
con las largas y estresantes vacaciones de "verano".
Eran
otros tiempos, la inseguridad no se enseñoreaba como un vecino más ni
obligaba a los padres a condenar a niños y jóvenes a una suerte de
"orden cerrado". No es que en aquel entonces no existieran malandros.
Los había de todo tipo, recibían cualquier denominación y eran
efectivamente perseguidos.
En
aquella época se veía a los jóvenes, aún sin ser patoteros o malandros,
correr cuando veían una "jaula" o una patrulla de la Policía
Metropolitana, pues su sola presencia era intimidatoria y casi seguro
que por tener "melena" o estar reunidos en una esquina hablando
pistoladas eran objeto de requisa y del célebre grito "cédula y contra
la pared", los montaban en la jaula y llevados a las prefecturas o
jefaturas civiles hasta que los padres o representantes los fueran a
rescatar.
Era
una escena repetida en la literatura urbana de la época o en las
películas que se alimentaban de ella, basta con recordar "Cuando quiero
llorar no lloro" de Miguel Otero Silva.
La
escena y la expresión se me recrea a cada rato cuando observamos la
"Inquisición tributaria" (expresión de mi dilecto alumno Betancourt/
Ucab) en que se han convertido todas las unidades de administración
tributaria nacional, estadal, municipal o parafiscal.
El
sistema tributario venezolano se ha convertido en la sumatoria de
cantidad de impuestos, tasas y contribuciones parafiscales irracionales,
que contrarían los principios constitucionales de la legalidad y de la
prohibición de no confiscatoriedad en su diseño y aplicación, que
lesionan seriamente la propiedad y la libertad económica del empresario y
de la empresa y, como siempre, el gran perjudicado es el consumidor: o
por el aumento de los precios que recogen tal presión o no consigue
satisfacer su demanda, por ausencia de productos.
Una
recaudación que no tiene proporción y correspondencia entre lo que se
paga y lo que se recibe en bienes y servicios como contraprestación.
Los
tributos, junto a los "cupos", habilitaciones, licencias, permisos y
registros se han convertido en los "aplastas cabezas", "sierra" y
garrotes viles de esa "Santa Inquisición", que persiguen la herejía de
querer emprender o intensificar la actividad económica empresarial.
En
el catecismo revolucionario, plasmado en los evangelios de las Leyes
del Estado Comunal y en los exégetas evangelistas que fungen como
administradores tributarios, lo importante es recaudar y no importa
cómo.
Se
valen de interpretaciones que contrarían la propia legislación aprobada
o reformada durante estos últimos lustros, de la doctrina y la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales que
deberían pasar los actos administrativos y normativos por el tamiz de la
legalidad y la constitucionalidad.
Es
un sistema tributario, legal y administrativo, absolutamente kafkiano,
en el cual lo importante no es la ley consagratoria del tributo sino el
Reglamento o providencia que la "complementa" con interpretaciones
arbitrarias y acomodaticias de los funcionarios que no sienten que el
legislador, ya de por sí distorsivo, los interpretó; un sistema en el
que la página web define a conveniencia la temporalidad del tributo, su
base de cálculo y demás deberes formales; en el que la palabra de un
funcionario, la más de las veces sin conocimientos sólidos en materia de
Derecho Administrativo y Tributario, por no expresar a secas de
Derecho, cercena o limita arbitrariamente las libertades públicas.
Un
sistema en el cual el acceso a la justicia administrativa y judicial no
vale un comino, el derecho a la defensa es una concesión graciosa que
depende del Tomás de Torquemada de turno y no un derecho humano esencial
y supraconstitucional.
Una
Inquisición tributaria, que funciona perfectamente tanto en el mundo de
los rojos como de los azules, éstos a veces más cruentos, cuyas
víctimas son la empresa y el empresario, sin importar su tamaño; que
persigue el delito de la fe, propia de un régimen constitucional, de
querer pagar lo que directamente dimana de la ley conforme a la
Constitución y no lo que arbitrariamente impone la página web o el jefe
del Servicio Autónomo; las penas de este consejo general de la
Inquisición operativamente eficiente, no solo impone cierres, multas
descomunales e irracionales, sino que actúa bajo el grito de "solvencia y
contra la pared", no importa si laboral o tributaria.
Si
no se tiene la solvencia, que certifica que no es que está a derecho
sino que no paga o recurre a lo que arbitrariamente se le exige, corre
el riesgo que lo monten en la "jaula" o lo sometan a una especie de Ley
de Vagos y Maleantes conforme a la cual no podrá obtener otras
solvencias, certificación de no producción, la solicitud y tramitación
de divisas, obtención de permisos de construcción, bomberos, propaganda
comercial o se le iniciarán juicios ejecutivos (Globovisión por medio).
En
fin, al empresario, después de ser sometido al delicado aparato
inquisitorial, no le queda otra que "pegar la solvencia contra la
pared", montarse en la jaula, y lo malo es que no hay nadie quien lo
recupere o rescate.
Ahora el lema pareciera ser "patria, socialismo y solvencia", ¿pagaremos?
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