domingo, 12 de agosto de 2012

Comentarios sobre los aspectos económicos del Programa de Gestión 2013-2019 del Candidato Hugo Chávez

Comentarios sobre los aspectos económicos del Programa de Gestión 2013-2019 del Candidato Hugo Chávez
 Ronald Balza Guanipa
30.07.12
 El Programa de Gestión 2013-2019 presentado por el Presidente Chávez para su tercera reelección es consistente con el Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013. También con el conjunto de leyes vinculadas con el denominado Poder Popular, aprobadas entre 2008 y 2012 y redactadas a partir de la propuesta de reforma constitucional rechazada en el referéndum de 2007. Describe el modelo productivo socialista en los mismos términos de la Ley del Sistema Económico Comunal, la Ley de Comunas y la Ley de la Gran Misión Saber y Trabajo, entre otras. Coincide con el Libro Rojo del PSUV, aprobado en abril de 2010, que establece que “la propiedad privada de los medios de producción determina en cualquier sociedad las relaciones de trabajo, las relaciones humanas y todos los aspectos de la vida, negando los objetivos de una sociedad humanista, solidaria, socialista [a pesar de lo cual] no es menos cierto que la transición en el actual momento dela humanidad, exige una cuidadosa evaluación de cada paso a tomar”. En consecuencia, el Programa anuncia la necesidad de admitir una coexistencia transitoria con la “lógica del capital” y las “relaciones de trabajo disfrazadas de trabajo asalariado”, cuya futura supresión es uno de sus objetivos fundamentales. Para ello promete proceder “paso a paso” en la creación de una nueva ética socialista, de nuevas relaciones sociales y de nuevas formas de propiedad que respondan a las disposiciones de un planificador central, encarnado por el Presidente de la República. A continuación se examinan aspectos esenciales.
1.       El modelo productivo como “tejido” planificado por el Presidente
El modelo productivo socialista es descrito en el Programa como un “tejido”, que debe generarse “bajo un nuevo metabolismo para la transición al socialismo”. Las “células” de dicho tejido serían las Comunas, definidas en diversas leyes como “espacios geo humanos”. En dichas células el Programa promete “impulsar nuevas formas de organización de la producción que pongan al servicio de la sociedad los medios de producción”. Estas nuevas formas serían “injertos productivos” que tendrían “políticas de asociación entre sí bajo formas de conglomerados para multiplicar su escala”. Las analogías biológicas sugieren un ser vivo, “orgánico”. El llamado “ser colectivo” del Primer Plan Socialista 2007-2013 ejerce “directamente” el poder, es “soberano” y no admite diversidad de intereses individuales. Dicha concepción admite un único cerebro para dicho organismo, localizado en la Presidencia de la República, al que se atribuye la capacidad y la autoridad de planificar el comportamiento de sus “células”. Independientemente del tipo de propiedad, todas las formas de producción tendrían que responder a las directrices de un único planificador.
2.       La redistribución de la población y la indivisibilidad de la comunidad
El único planificador procuraría la redistribución y asignación de la población en el territorio “en los sistemas comunales de agregación: Consejos Comunales, Salas de Batalla Social, Comunas Socialistas, Ciudades Comunales, Federaciones y Confederaciones Comunales, para el fortalecimiento de las capacidades locales de acción sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional”. Las células geo humanas estarían conformadas por comunidades “indivisibles” fijadas en el territorio, según las leyes de Comunas y Consejos Comunales. Independientemente de su deseo de formar parte o no de este tipo de sistemas, el Programa de Gestión anuncia que “alrededor del 68% de los venezolanos del año 2019 (30.550.479) vivirán en subsistemas de agregación de Comunas”, por lo que obligatoriamente tendrían que participar en “la construcción de un subsistema de Comunas, Distritos Motores de Desarrollo y Ejes de Desarrollo Territorial, en consonancia con las potencialidades territoriales y acervo cultural de los habitantes de cada localidad, atendiendo a la sintonía y coherencia con los planes de Desarrollo Estratégico de la Nación”.
3.       Más expropiaciones para crear nuevas organizaciones socio productivas
En estas condiciones, el Programa anuncia “proyectos en las áreas de Automotriz, Electrodomésticos, Materiales de construcción, Transformación de plástico y envases, Química, Higiene personal y para el hogar, Farmacéutico, Agroindustriales, Informática y electrónica, Maquinaria y equipos, Forestal, pulpa y papel, Soporte de la producción, Textil y calzado, Hierro Acero, Aluminio; así como girar un mecanismo de planificación centralizada, esquema presupuestario y modelos de gestión eficientes y productivos cónsonos con la transición al socialismo”. Dado que el Sistema Económico Comunal que el Programa promete desarrollar se sostiene únicamente sobre “empresas de propiedad social, unidades familiares, grupos de intercambio solidario y demás formas asociativas para el trabajo”, la aplicación del Programa requerirá de la aceleración de las expropiaciones de empresas y activos privados, así como de la mudanza de las relaciones de trabajo asalariadas a otras no asalariadas.
4.       Planificación central según el sistema presupuestario de financiamiento
La planificación centralizada que el Programa promete fortalecer implica el “direccionamiento de las cadenas estratégicas de la nación” y el desarrollo de “una nueva arquitectura financiera sobre la base del sistema presupuestario de financiamiento”. Este sistema fue descrito con detalle por el Che Guevara en 1964, y sus rasgos pueden identificarse en el Programa y en las leyes del Poder Popular. En palabras de Guevara, ”el sistema presupuestario de financiamiento se basa en un control centralizado de la actividad de la empresa; su plan y gestión económica son controlados por organismos centrales, en una forma directa, no tiene fondos propios ni recibe créditos bancarios, y usa, en forma individual, el estímulo material, vale decir, los premios y castigos monetarios individuales y, en su momento, usará los colectivos, pero el estímulo material directo está limitado por la forma de pago de la tarifa salarial”. Guevara se oponía explícitamente a la autogestión, puesto que para él “la planificación centralizada es el modo de ser de la sociedad socialista, su categoría definitoria y el punto en que la conciencia del hombre alcanza, por fin, a sintetizar y dirigir la economía hacia su meta, la plena liberación del ser humano en el marco de la sociedad comunista”. Al explicar el sistema presupuestario de financiamiento, comenzó aclarando “que lo que nosotros buscamos es una forma más eficiente de llegar al comunismo”. En este punto, el Presidente Chávez no ha tenido la honestidad de Guevara.
5.       Intervención radical del sistema bancario
El Libro Rojo del PSUV anuncia como una vía para lograr la “ruptura de los mecanismos de financiarización de la economía” la “creación de una banca estatal sólida, transparente, eficiente y solidaria en capacidad de promover el crédito como apalancamiento de una economía productiva y mantener la estabilidad financiera”. Sin embargo, teniendo en cuenta que el propósito del PSUV es colocarse “al servicio del tránsito del capitalismo al socialismo, transformando progresivamente las relaciones de producción, de intercambio y de propiedad de los medios de producción”, es de suponer que la creación de la banca estatal no supone coexistencia con una banca privada en las condiciones actuales.
El Programa de Gestión advierte el propósito de crear una nueva “red de organizaciones económico financieras que gestionan, administran, transfieren, financian, facilitan, captan y controlan los recursos financieros y no financieros, retornables y no retornables, administrados por las comunidades y diferentes organizaciones de base del Poder Popular”. El Programa anuncia la intervención radical sobre el sistema bancario y financiero en general, al prometer “generar mecanismos de circulación del capital, que construyan un nuevo metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y desarrollo de la industria nacional tanto en fuentes de financiamiento, dinámicas de escala productiva como sistema de flujo de recursos que enfrenten la lógica del capital” y “ampliar los novedosos mecanismos de ahorro para la población venezolana, tales como el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y el Fondo de Ahorro Popular”.
6.       Eliminación progresiva del trabajo asalariado y de las relaciones laborales protegidas por la LOTTT
 El Programa de Gestión 2013-2019 establece el propósito de extender el alcance de la ley del Sistema Económico Comunal, impulsando “una política de reinversión social con los recursos generados por las comunidades organizadas con el fin de masificar el aporte corresponsable para la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones”. Según esta ley, los trabajadores son denominados productores o prosumidores y no reciben salarios, sino una “remuneración justa” que determina el Ejecutivo junto con la obligación de reinvertir “excedentes” en los montos y destinos establecidos en el Plan de la Nación. A pesar del poder de decisión del Ejecutivo, este no se reconoce a sí mismo como patrono ni a los trabajadores del Sistema como asalariados. Esto implica necesariamente reducir el alcance de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, por lo que prestaciones por antigüedad, bonos vacacionales, indemnizaciones por despido y sindicatos serían conceptos que quedarían asociados a la “lógica del capital” y serían progresivamente descartados.
Algo similar ocurre con la Ley que define la Gran Misión Saber y Trabajo, escrita en los mismos términos del Programa de Gestión 2013-2019. La Misión estaría dirigida a quienes estén bajo “condición absoluta de desempleo”, si están “dispuestos” a participar en programas obligatorios de “formación técnica profesional y ético política”, y en organizaciones socio productivas para el “fomento de un modelo de injertos productivos para el tramado de transición al socialismo”. A pesar de ser “establecidos” como Brigadas en espacios ATRABAJAR (creados y definidos por el Ejecutivo Nacional), los desempleados no pasan a llamarse trabajadores, sino “beneficiarios”. La participación popular se limita a “proponer y formular políticas de gestión… en los términos y condiciones dispuestos en los programas respectivos, basados en los principios de corresponsabilidad, complementariedad y socialismo”. Los estímulos a la producción no tienen relación con salarios, antigüedad, horas extra, horario nocturno o bonos de productividad: la ley sólo se refiere al acceso a formación, asistencia técnica, tecnologías y a un sistema de distribución que “el Estado deberá diseñar y construir”, estableciendo el mismo Estado destinatarios preferentes y ventas permitidas.
Que en estas leyes no se mencione el salario, pero se haga referencia a planificación, deber social y reinversión social del excedente es consistente con las ideas de Guevara. Según él, “la concepción individualista” tras “el estímulo material directo” influye “sobre la conciencia frenando el desarrollo del hombre como ser social”. Aunque premios materiales para estimular sobrecumplimiento sobre el trabajo “normado” por el planificador central serían “un mal necesario de un período transitorio” (destinado a ser sustituido por la “emulación” y el “trabajo voluntario”), Guevara no duda advertir que “el no cumplimiento de la norma significa el incumplimiento del deber social; la sociedad castiga al infractor con el descuento de una parte de sus haberes. La norma no es un simple hito que marque una medida posible o la convención sobre una medida del trabajo; es la expresión de una obligación moral del trabajador, es su deber social. Aquí es donde deben juntarse la acción del control administrativo con el control ideológico”. Tal control sería inevitable, porque “no hay, o no se conoce, una norma matemática que determina lo justo del premio de sobrecumplimiento (como tampoco del salario base) y, por tanto, debe basarse fundamentalmente en las nuevas relaciones sociales, la estructura jurídica que sancione la forma de distribución por la colectividad de una parte del trabajo del obrero individual. Todo esto nos muestra que la amplitud de los fondos de reserva depende de una serie de decisiones político-económicas o político-administrativas”.
 7.       Imposición de valores “legitimados” por el Estado pretendiendo educar para la subordinación
A pesar de las múltiples referencias al autogobierno y la participación, el Programa de Gestión 2013-2019 y las leyes del Poder Popular ponen en primer lugar el obligatorio cumplimiento del Plan y la sujeción inapelable a los “valores y principios socialistas” que, según la Exposición de Motivos de la Ley de Comunas, “expresen el contenido político del modelo socioeconómico legitimado por el Estado”. Aparte de afirmar que valores humanos generalmente aceptados deben pasar por el tamiz del socialismo (como la solidaridad, el amor, la equidad de género y la lucha contra la corrupción), el Programa incluye como nuevos valores la conciencia del deber social y la lucha contra el burocratismo (un mal paradójicamente asociado a la planificación central). Para lograr estos objetivos, el Programa anuncia el propósito de “adecuar el sistema educativo al modelo productivo”, lo que implica “adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de estrategias de formación de valores cónsonos con la nueva sociedad que estamos labrando”, “promover la producción de textos escolares para generar consciencia y formar críticamente las nuevas generaciones” y consolidar “la transformación universitaria en torno a … los objetivos estratégicos del proyecto nacional Simón Bolívar”. Estas políticas desconocen el artículo 2. de la Constitución vigente, que establece explícitamente que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
8.       Profundización de la dependencia del petróleo
El Presidente acepta en su Programa que “la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros”. Por tanto, no puede atribuir el crecimiento económico ni la reducción de la pobreza ni el mejoramiento del IDH registrados durante los últimos años a la aplicación exitosa del socialismo. Por el contrario, estos resultados, así como la elevada inflación (a pesar de controles de precios) y las cuatro devaluaciones que ha autorizado desde que impuso el control de cambios en 2003 dan cuenta del uso abusivo durante 13 años de los mismos mecanismos que, como es bien sabido desde mucho tiempo atrás, provocaron la crisis económica venezolana de los 80 y 90 del siglo XX.
El Programa de Gestión coloca como primer objetivo “la defensa de la Independencia Nacional”, lo que implicaría “preservar la soberanía sobre nuestros recursos petroleros en particular, y naturales en general”. Sin embargo, un Programa que admite un único planificador y un lema de campaña que identifica a su candidato como “corazón de la Patria” hace muy evidente que el Presidente sólo procura su propia independencia del resto de los venezolanos. Su pretensión de personificar al pueblo y al Estado, de ser el corazón de la Patria, de ser el “representante del interés colectivo de todos los venezolanos”, le ha llevado al extremo de afirmar que quien no sea chavista no es venezolano. El manejo que ha realizado de los extraordinarios ingresos petroleros recibidos desde 2003, de los cuales no se ha ahorrado ni se ha hecho adecuada rendición de cuentas, no es un ejemplo de soberanía nacional, sino de arbitrariedad individual con apoyo partidista. Por el contrario, el endeudamiento creciente de la República y de PDVSA sin correspondientes inversiones reproductivas ha hecho depender los gastos imprescindibles en educación, salud, vivienda y seguridad de precios petroleros volátiles y de la voluntad de prestamistas venezolanos y extranjeros. No de los ingresos ordinarios del gobierno.
La indispensable planificación de la gestión pública debió garantizar a los venezolanos en los 12 años que van de siglo la duplicación de su capacidad productora de petróleo, la estabilidad del suministro eléctrico y la protección de los derechos humanos de los privados de libertad. Dinero no faltó, y sin embargo el Presidente Chávez promete (otra vez) alcanzar estos objetivos de lograr su tercera reelección. Quien no pudo cumplir con sus responsabilidades en la planificación pública pretende convertirse en el único planificador en Venezuela. El Programa de Chávez promete independencia y soberanía, pero para sólo para el Presidente, que impondría al resto de los venezolanos subordinación y obediencia en una dirección destructiva y empobrecedora.

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