Comentarios sobre los aspectos económicos del Programa de Gestión 2013-2019 del Candidato Hugo Chávez
Ronald Balza Guanipa
El
Programa de Gestión 2013-2019 presentado por el Presidente Chávez para
su tercera reelección es consistente con el Primer Plan Socialista de la
Nación 2007-2013. También con el conjunto de leyes vinculadas con el
denominado Poder Popular, aprobadas entre 2008 y 2012 y redactadas a
partir de la propuesta de reforma constitucional rechazada en el
referéndum de 2007. Describe el modelo productivo socialista en los
mismos términos de la Ley del Sistema Económico Comunal, la Ley de
Comunas y la Ley de la Gran Misión Saber y Trabajo, entre otras.
Coincide con el Libro Rojo del PSUV, aprobado en abril de 2010, que
establece que “la propiedad privada de los medios de producción
determina en cualquier sociedad las relaciones de trabajo, las
relaciones humanas y todos los aspectos de la
vida, negando los objetivos de una sociedad humanista, solidaria,
socialista [a pesar de lo cual] no es menos cierto que la transición en
el actual momento dela humanidad, exige una cuidadosa evaluación de cada
paso a tomar”. En consecuencia, el Programa anuncia la necesidad de
admitir una coexistencia transitoria con la “lógica del capital” y las
“relaciones de trabajo disfrazadas de trabajo asalariado”, cuya futura
supresión es uno de sus objetivos fundamentales. Para ello promete
proceder “paso a paso” en la creación de una nueva ética socialista, de
nuevas relaciones sociales y de nuevas formas de propiedad que respondan
a las disposiciones de un planificador central, encarnado por el
Presidente de la República. A continuación se examinan aspectos
esenciales.
1. El modelo productivo como “tejido” planificado por el Presidente
El
modelo productivo socialista es descrito en el Programa como un
“tejido”, que debe generarse “bajo un nuevo metabolismo para la
transición al socialismo”. Las “células” de dicho tejido serían las
Comunas, definidas en diversas leyes como “espacios geo humanos”. En
dichas células el Programa promete “impulsar nuevas formas de
organización de la producción que pongan al servicio de la sociedad los
medios de producción”. Estas nuevas formas serían “injertos productivos”
que tendrían “políticas de asociación entre sí bajo formas de
conglomerados para multiplicar su escala”. Las analogías biológicas
sugieren un ser vivo, “orgánico”. El llamado “ser colectivo” del Primer
Plan Socialista 2007-2013 ejerce “directamente” el poder, es “soberano” y
no admite diversidad de intereses
individuales. Dicha concepción admite un único cerebro para dicho
organismo, localizado en la Presidencia de la República, al que se
atribuye la capacidad y la autoridad de planificar el comportamiento de
sus “células”. Independientemente del tipo de propiedad, todas las
formas de producción tendrían que responder a las directrices de un
único planificador.
2. La redistribución de la población y la indivisibilidad de la comunidad
El
único planificador procuraría la redistribución y asignación de la
población en el territorio “en los sistemas comunales de agregación:
Consejos Comunales, Salas de Batalla Social, Comunas Socialistas,
Ciudades Comunales, Federaciones y Confederaciones Comunales, para el
fortalecimiento de las capacidades locales de acción sobre aspectos
territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y
de seguridad y defensa de la soberanía nacional”. Las células geo
humanas estarían conformadas por comunidades “indivisibles” fijadas en
el territorio, según las leyes de Comunas y Consejos Comunales.
Independientemente de su deseo de formar parte o no de este tipo de
sistemas, el Programa de Gestión anuncia que “alrededor del 68% de los
venezolanos del año 2019 (30.550.479) vivirán en subsistemas de
agregación de Comunas”, por lo que obligatoriamente tendrían que
participar en “la construcción de un subsistema de Comunas, Distritos
Motores de Desarrollo y Ejes de Desarrollo Territorial, en consonancia
con las potencialidades territoriales y acervo cultural de los
habitantes de cada localidad, atendiendo a la sintonía y coherencia con
los planes de Desarrollo Estratégico de la Nación”.
3. Más expropiaciones para crear nuevas organizaciones socio productivas
En
estas condiciones, el Programa anuncia “proyectos en las áreas de
Automotriz, Electrodomésticos, Materiales de construcción,
Transformación de plástico y envases, Química, Higiene personal y para
el hogar, Farmacéutico, Agroindustriales, Informática y electrónica,
Maquinaria y equipos, Forestal, pulpa y papel, Soporte de la producción,
Textil y calzado, Hierro Acero, Aluminio; así como girar un mecanismo
de planificación centralizada, esquema presupuestario y modelos de
gestión eficientes y productivos cónsonos con la transición al
socialismo”. Dado que el Sistema Económico Comunal que el Programa
promete desarrollar se sostiene únicamente sobre “empresas de propiedad
social, unidades familiares, grupos de intercambio solidario y demás
formas asociativas para el trabajo”, la aplicación del Programa
requerirá de
la aceleración de las expropiaciones de empresas y activos privados,
así como de la mudanza de las relaciones de trabajo asalariadas a otras
no asalariadas.
4. Planificación central según el sistema presupuestario de financiamiento
La
planificación centralizada que el Programa promete fortalecer implica
el “direccionamiento de las cadenas estratégicas de la nación” y el
desarrollo de “una nueva arquitectura financiera sobre la base del
sistema presupuestario de financiamiento”. Este sistema fue descrito con
detalle por el Che Guevara en 1964, y sus rasgos pueden identificarse
en el Programa y en las leyes del Poder Popular. En palabras de Guevara,
”el sistema presupuestario de financiamiento se basa en un control
centralizado de la actividad de la empresa; su plan y gestión económica
son controlados por organismos centrales, en una forma directa, no tiene
fondos propios ni recibe créditos bancarios, y usa, en forma
individual, el estímulo material, vale decir, los premios y castigos
monetarios individuales y, en su momento, usará los colectivos, pero
el estímulo material directo está limitado por la forma de pago de la
tarifa salarial”. Guevara se oponía explícitamente a la autogestión,
puesto que para él “la planificación centralizada es el modo de ser de
la sociedad socialista, su categoría definitoria y el punto en que la
conciencia del hombre alcanza, por fin, a sintetizar y dirigir la
economía hacia su meta, la plena liberación del ser humano en el marco
de la sociedad comunista”. Al explicar el sistema presupuestario de
financiamiento, comenzó aclarando “que lo que nosotros buscamos es una
forma más eficiente de llegar al comunismo”. En este punto, el
Presidente Chávez no ha tenido la honestidad de Guevara.
5. Intervención radical del sistema bancario
El
Libro Rojo del PSUV anuncia como una vía para lograr la “ruptura de los
mecanismos de financiarización de la economía” la “creación de una
banca estatal sólida, transparente, eficiente y solidaria en capacidad
de promover el crédito como apalancamiento de una economía productiva y
mantener la estabilidad financiera”. Sin embargo, teniendo en cuenta que
el propósito del PSUV es colocarse “al servicio del tránsito del
capitalismo al socialismo, transformando progresivamente las relaciones
de producción, de intercambio y de propiedad de los medios de
producción”, es de suponer que la creación de la banca estatal no supone
coexistencia con una banca privada en las condiciones actuales.
El
Programa de Gestión advierte el propósito de crear una nueva “red de
organizaciones económico financieras que gestionan, administran,
transfieren, financian, facilitan, captan y controlan los recursos
financieros y no financieros, retornables y no retornables,
administrados por las comunidades y diferentes organizaciones de base
del Poder Popular”. El Programa anuncia la intervención radical sobre el
sistema bancario y financiero en general, al prometer “generar
mecanismos de circulación del capital, que construyan un nuevo
metabolismo económico para el estímulo, funcionamiento y desarrollo de
la industria nacional tanto en fuentes de financiamiento, dinámicas de
escala productiva como sistema de flujo de recursos que enfrenten la
lógica del capital” y “ampliar los novedosos mecanismos de ahorro para
la población
venezolana, tales como el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y
el Fondo de Ahorro Popular”.
6. Eliminación progresiva del trabajo asalariado y de las relaciones laborales protegidas por la LOTTT
El
Programa de Gestión 2013-2019 establece el propósito de extender el
alcance de la ley del Sistema Económico Comunal, impulsando “una
política de reinversión social con los recursos generados por las
comunidades organizadas con el fin de masificar el aporte corresponsable
para la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones”. Según esta
ley, los trabajadores son denominados productores o prosumidores y no
reciben salarios, sino una “remuneración justa” que determina el
Ejecutivo junto con la obligación de reinvertir “excedentes” en los
montos y destinos establecidos en el Plan de la Nación. A pesar del
poder de decisión del Ejecutivo, este no se reconoce a sí mismo como
patrono ni a los trabajadores del Sistema
como asalariados. Esto implica necesariamente reducir el alcance de la
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, por lo
que prestaciones por antigüedad, bonos vacacionales, indemnizaciones por
despido y sindicatos serían conceptos que quedarían asociados a la
“lógica del capital” y serían progresivamente descartados.
Algo
similar ocurre con la Ley que define la Gran Misión Saber y Trabajo,
escrita en los mismos términos del Programa de Gestión 2013-2019. La
Misión estaría dirigida a quienes estén bajo “condición absoluta de
desempleo”, si están “dispuestos” a participar en programas obligatorios
de “formación técnica profesional y ético política”, y en
organizaciones socio productivas para el “fomento de un modelo de
injertos productivos para el tramado de transición al socialismo”. A
pesar de ser “establecidos” como Brigadas en espacios ATRABAJAR (creados
y definidos por el Ejecutivo Nacional), los desempleados no pasan a
llamarse trabajadores, sino “beneficiarios”. La participación popular se
limita a “proponer y formular políticas de gestión… en los términos y
condiciones dispuestos en los programas
respectivos, basados en los principios de corresponsabilidad,
complementariedad y socialismo”. Los estímulos a la producción no tienen
relación con salarios, antigüedad, horas extra, horario nocturno o
bonos de productividad: la ley sólo se refiere al acceso a formación,
asistencia técnica, tecnologías y a un sistema de distribución que “el
Estado deberá diseñar y construir”, estableciendo el mismo Estado
destinatarios preferentes y ventas permitidas.
Que
en estas leyes no se mencione el salario, pero se haga referencia a
planificación, deber social y reinversión social del excedente es
consistente con las ideas de Guevara. Según él, “la concepción
individualista” tras “el estímulo material directo” influye “sobre la
conciencia frenando el desarrollo del hombre como ser social”. Aunque
premios materiales para estimular sobrecumplimiento sobre el trabajo
“normado” por el planificador central serían “un mal necesario de un
período transitorio” (destinado a ser sustituido por la “emulación” y el
“trabajo voluntario”), Guevara no duda advertir que “el no cumplimiento
de la norma significa el incumplimiento del deber social; la sociedad
castiga al infractor con el descuento de una parte de sus haberes. La
norma no es un simple hito que marque una
medida posible o la convención sobre una medida del trabajo; es la
expresión de una obligación moral del trabajador, es su deber social.
Aquí es donde deben juntarse la acción del control administrativo con el
control ideológico”. Tal control sería inevitable, porque “no hay, o no
se conoce, una norma matemática que determina lo justo del premio de
sobrecumplimiento (como tampoco del salario base) y, por tanto, debe
basarse fundamentalmente en las nuevas relaciones sociales, la
estructura jurídica que sancione la forma de distribución por la
colectividad de una parte del trabajo del obrero individual. Todo esto
nos muestra que la amplitud de los fondos de reserva depende de una
serie de decisiones político-económicas o político-administrativas”.
7. Imposición de valores “legitimados” por el Estado pretendiendo educar para la subordinación
A
pesar de las múltiples referencias al autogobierno y la participación,
el Programa de Gestión 2013-2019 y las leyes del Poder Popular ponen en
primer lugar el obligatorio cumplimiento del Plan y la sujeción
inapelable a los “valores y principios socialistas” que, según la
Exposición de Motivos de la Ley de Comunas, “expresen el contenido
político del modelo socioeconómico legitimado por el Estado”. Aparte de
afirmar que valores humanos generalmente aceptados deben pasar por el
tamiz del socialismo (como la solidaridad, el amor, la equidad de género
y la lucha contra la corrupción), el Programa incluye como nuevos
valores la conciencia del deber social y la lucha contra el burocratismo
(un mal paradójicamente asociado a la planificación central). Para
lograr estos objetivos, el Programa anuncia el propósito de
“adecuar el sistema educativo al modelo productivo”, lo que implica
“adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de
estrategias de formación de valores cónsonos con la nueva sociedad que
estamos labrando”, “promover la producción de textos escolares para
generar consciencia y formar críticamente las nuevas generaciones” y
consolidar “la transformación universitaria en torno a … los objetivos
estratégicos del proyecto nacional Simón Bolívar”. Estas políticas
desconocen el artículo 2. de la Constitución vigente, que establece
explícitamente que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la
justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad
social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética
y el pluralismo
político”.
8. Profundización de la dependencia del petróleo
El
Presidente acepta en su Programa que “la formación socioeconómica que
todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista.
Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio
dinamismo interno entre nosotros”. Por tanto, no puede atribuir el
crecimiento económico ni la reducción de la pobreza ni el mejoramiento
del IDH registrados durante los últimos años a la aplicación exitosa del
socialismo. Por el contrario, estos resultados, así como la elevada
inflación (a pesar de controles de precios) y las cuatro devaluaciones
que ha autorizado desde que impuso el control de cambios en 2003 dan
cuenta del uso abusivo durante 13 años de los mismos mecanismos que,
como es bien sabido desde mucho tiempo atrás, provocaron la crisis
económica venezolana de los 80 y 90 del siglo XX.
El
Programa de Gestión coloca como primer objetivo “la defensa de la
Independencia Nacional”, lo que implicaría “preservar la soberanía sobre
nuestros recursos petroleros en particular, y naturales en general”.
Sin embargo, un Programa que admite un único planificador y un lema de
campaña que identifica a su candidato como “corazón de la Patria” hace
muy evidente que el Presidente sólo procura su propia independencia del
resto de los venezolanos. Su pretensión de personificar al pueblo y al
Estado, de ser el corazón de la Patria, de ser el “representante del
interés colectivo de todos los venezolanos”, le ha llevado al extremo de
afirmar que quien no sea chavista no es venezolano. El manejo que ha
realizado de los extraordinarios ingresos petroleros recibidos desde
2003, de los cuales no se ha ahorrado ni se ha
hecho adecuada rendición de cuentas, no es un ejemplo de soberanía
nacional, sino de arbitrariedad individual con apoyo partidista. Por el
contrario, el endeudamiento creciente de la República y de PDVSA sin
correspondientes inversiones reproductivas ha hecho depender los gastos
imprescindibles en educación, salud, vivienda y seguridad de precios
petroleros volátiles y de la voluntad de prestamistas venezolanos y
extranjeros. No de los ingresos ordinarios del gobierno.
La
indispensable planificación de la gestión pública debió garantizar a
los venezolanos en los 12 años que van de siglo la duplicación de su
capacidad productora de petróleo, la estabilidad del suministro
eléctrico y la protección de los derechos humanos de los privados de
libertad. Dinero no faltó, y sin embargo el Presidente Chávez promete
(otra vez) alcanzar estos objetivos de lograr su tercera reelección.
Quien no pudo cumplir con sus responsabilidades en la planificación
pública pretende convertirse en el único planificador en Venezuela. El
Programa de Chávez promete independencia y soberanía, pero para sólo
para el Presidente, que impondría al resto de los venezolanos
subordinación y obediencia en una dirección destructiva y empobrecedora.
