miércoles, 9 de enero de 2013

Adecuación a la ley del trabajo elevó 30% costos de las empresas

La presidenta de la comisión laboral de Conindustria, Maryolga Girán
Ante la reducción de la jornada, comercios e industrias evalúan trabajar rotando por turnos al personal.
    Dulce María Rodríguez 7 de enero 2013 - 12:01 am
    A cinco meses de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, promulgada el 7 de mayo de este año por el presidente Hugo Chávez y publicada en Gaceta Oficial Nº 6076, expertos laborales insisten en que la nueva legislación elevó 30% los costos de las empresas y que las facultades sancionatorias a los patronos establecidas en la normativa podrían generar abuso de autoridad.
    La presidenta de la comisión laboral de Conindustria, Maryolga Girán, dijo que la LOT no fue hecha para incentivar la paz laboral porque no fueron consultados todos los sectores involucrados. Indicó que la adecuación a la nueva legislación ha sido onerosa para las empresas. Una de las medidas que ha tenido mayor impacto fue el pago de prestaciones sociales. Se regresó al régimen de retroactividad, una vez terminada la relación laboral, el cálculo del pago se realiza con base al último salario y tomando en cuenta los años de servicio (artículo 142).Se deberán determinar sobre la base de 30 días de salarios por cada año o fracción superior a los 6 meses. Antes se calculaba anualmente y el dinero se quedaba en la empresa. Ahora el trabajador decide dónde se le depositaran sus prestaciones, puede ser en la contabilidad de la empresa, en un fideicomiso o en el Fondo Nacional de prestaciones.
    El coordinador del postgrado de derecho del trabajo en la Universidad Central de Venezuela, Pedro Casale, agregó que otro impacto económicamente fuerte que ha tenido la ley ha sido en el pago de las utilidades y bono vacacional, lo cual aumentó de forma importante la base de cálculo para las prestaciones sociales. La repartición de 15% de los beneficios de la empresa entre los trabajadores quedo igual como en la ley anterior, pero se aumentó el mínimo de 15 días a 30 días (artículo 131). El bono vacacional corresponde ahora al pago de 15 días más un día adicional por cada año de servicio hasta un total de 30 días (artículo 192). “Se aumentó 8 días más por año”, aseguró.
    Planificación operativa. Maryolga Girán indicó que la incidencia de la nueva ley también se sentirá en la planificación del funcionamiento de las empresas, comercios e industrias, con la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales. Se disminuirá el horario de trabajo de 8 a 6 horas, la nocturna a 35 y la mixta a 37,5 horas. La norma también establece 2 días (sábado y domingo) continuos de descanso y el pago del 50% adicional los feriados.
    Pedro Casale dijo que los comercios y las industrias de procesos continuos evalúan la opción de trabajar rotando por turnos al personal o contratar nueva mano de obra para dividir la jornada, decisión que generará mayor gasto para las empresas y eso se reflejará en el costo de los productos y servicios.
    Girán advirtió que no todas las industrias pueden implementar jornadas de 6 horas de trabajo diarias y un turno adicional será muy oneroso para las empresas pequeñas. “No hay estímulos para las industrias y esta normativa es muy costosa desde el punto de vista económico” afirmó.
    La vocera de Conindustria precisó que otro punto que preocupa a los trabajadores es el pago del bono nocturno. En la ley, el cálculo de este pago se establece en un articulado en base al salario ordinario y en otro al normal, lo que ha generado un descalabro. Aseguró que es necesario que en el reglamento se aclare como debe realizarse.
    Inspectoría sin capacidad. Los expertos advierten además que la Inspectoría del Trabajo no cuenta con la infraestructura, ni tiene la capacidad para dar respuesta al incremento de la demanda de denuncias. El abogado laboral, Alejandro Disilvestro, explicó que esa instancia sólo cuenta con una oficina en cada estado y 3 en Caracas para atender los problemas laborales de todas las empresas.
    “Hay una crisis a nivel de infraestructura y demanda. Un proceso de calificación de despido puede durar años. La empresa debe destinar recursos a las diligencias legales, el trabajador zozobra en espera de respuesta y no hay un tiempo estimado del resultado. El Gobierno no ha adecuado los procesos administrativos de las inspectorías en cuanto a incorporación de personal y modernización tecnológica para agilizar la respuesta laboral de cara a la implementación de la nueva ley”, destacó.
    Girán preciso que al gremio le preocupa “la discrecionalidad absolutamente perversa que tienen los inspectores de trabajo en cuanto al procedimiento de reenganche en caso de despido injustificado. Al patrono se le viola el derecho a la defensa porque no es escuchado. La situación genera procesos amañados que están crispando al sector industrial”, en el reglamento esto debe modificarse por inconstitucional”, puntualizó.
    info ubicada por: www.tubalancepersonal.com

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