domingo, 18 de noviembre de 2012

40% de las pequeñas empresas ha cerrado en últimos 12 años Luis Carías lcarias@el-carabobeno.com Cuatro de cada 10 pequeñas industrias han cerrado durante los últimos doce años, tras pasar de 12 mil 200 en el año 2000 a siete mil 500 en 2012, aseveró el sociólogo y director del Observatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), Tomás Páez. En el mismo período sometido a estudio, las empresas dirigidas al comercio y los servicios, experimentó una caída entre 10% y 12%, tras pasar de 480 a 420 mil, de las cuales apenas 0,8% son grandes consorcios y 99,02% representan a las Pymes. De hecho, 50% de éstas tienen menos de 20 trabajadores. Las caídas obedecen a las regulaciones, las cuales suponen costos adicionales, a que se realza la propiedad colectiva sobre la privada y a la potestad que ha ganado paulatinamente el Estado. Además, en Venezuela el déficit de empresas se debe a que se invierte tres veces más tiempo y dinero que el promedio de América Latina para crear una compañía, así como la contratación de trabajadores, debido a la imposibilidad de despedir o remover personal. En el país, incluso cerrar una empresa es complicado, cuestión que ha causado que el tejido empresarial sea pequeño. Otros factores afectan a las empresas, según Paéz: la discrecional del Estado, inseguridad jurídica que amenaza la propiedad, creación de nuevas instituciones, la propiedad social, ausencia de consultas con todos los sectores y que las comunas se inmiscuyan en todas las áreas. De un modo u otro La modalidad de las empresas, expuso el analista, se concentra en las compañías anónimas, las cuales representan 93% sobre las totales, y demuestran un crecimiento de 22% con respecto al año 2004. Pocas se declaran como cooperativas o empresas de producción social, y a la mínima expresión quedan reducidas las firmas personales. Las Pymes, además, son longevas. Sólo 15% de las compañías tienen menos de cinco años y no tienen diseñado un plan de negocio. 29% de las pequeñas y medianas empresas tienen entre 21 y 30 años, por lo que han sorteado todas las dificultades que ha presentado la economía durante las últimas décadas. Con respecto a su composición, el experto informó que en el país existen 71 mil empresas aproximadamente con menos de cinco trabajadores, así como 51 mil con menos de 100. Según Páez, estas empresas con menos de cinco trabajadores normalmente invierten hasta un millón de dólares en responsabilidad social. Rumores corren en torno a una Ley de Responsabilidad Social. Señaló que habría una contradicción de términos, puesto que se vería como un impuesto adicional al tratarse de algo obligatorio. Las inversiones de estas empresas se centran en capital de trabajo. En muy bajo porcentaje se da en activos. Para el año 2013, comentó hay gran incertidumbre, debido a que la mayoría de las empresas esperan una devaluación. Facturación La facturación es otro tema. Páez reveló que muchas esconden estas cifras por miedo, sin embargo logró recabar que 52% de las empresas facturan montos inferiores a 300 mil dólares, 14% hasta 900 mil dólares, 10% hasta un millón 800 mil dólares, 8% hasta cuatro millones de dólares y 6% por encima de la última cifra. Los objetivos están claros. La mayoría trabaja para inversiones, renovación de equipos, ampliar el negocio y apenas 2% piensa en el mercado internacional. Además han ido desarrollándose, pues más del 80% dispone de computadoras, cuando en 2004 la cifra se situaba en 43%. Cerca del 60% tiene conexión a Internet. www.el-carabobeno.com __._,_.___



 de las pequeñas empresas ha cerrado en últimos 12 años40%
Cuatro de cada 10 pequeñas industrias han cerrado durante los últimos doce años, tras pasar de 12 mil 200 en el año 2000 a siete mil 500 en 2012, aseveró el sociólogo y director del Observatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), Tomás Páez. 
En el mismo período sometido a estudio, las empresas dirigidas al comercio y los servicios, experimentó una caída entre 10% y 12%, tras pasar de 480 a 420 mil, de las cuales apenas 0,8% son grandes consorcios y 99,02% representan a las Pymes. De hecho, 50% de éstas tienen menos de 20 trabajadores. 
Las caídas obedecen a las regulaciones, las cuales suponen costos adicionales, a que se realza la propiedad colectiva sobre la privada y a la potestad que ha ganado paulatinamente el Estado. 
Además, en Venezuela el déficit de empresas se debe a que se invierte tres veces más tiempo y dinero que el promedio de América Latina para crear una compañía, así como la contratación de trabajadores, debido a la imposibilidad de despedir o remover personal. En el país, incluso cerrar una empresa es complicado, cuestión que ha causado que el tejido empresarial sea pequeño. 
Otros factores afectan a las empresas, según Paéz: la discrecional del Estado, inseguridad jurídica que amenaza la propiedad, creación de nuevas instituciones, la propiedad social, ausencia de consultas con todos los sectores y que las comunas se inmiscuyan en todas las áreas. 
De un modo u otro
La modalidad de las empresas, expuso el analista, se concentra en las compañías anónimas, las cuales representan 93% sobre las totales, y demuestran un crecimiento de 22% con respecto al año 2004. Pocas se declaran como cooperativas o empresas de producción social, y a la mínima expresión quedan reducidas las firmas personales. 
Las Pymes, además, son longevas. Sólo 15% de las compañías tienen menos de cinco años y no tienen diseñado un plan de negocio. 29% de las pequeñas y medianas empresas tienen entre 21 y 30 años, por lo que han sorteado todas las dificultades que ha presentado la economía durante las últimas décadas. 
Con respecto a su composición, el experto informó que en el país existen 71 mil empresas aproximadamente con menos de cinco trabajadores, así como 51 mil con menos de 100. Según Páez, estas empresas con menos de cinco trabajadores normalmente invierten hasta un millón de dólares en responsabilidad social. 
Rumores corren en torno a una Ley de Responsabilidad Social. Señaló que habría una contradicción de términos, puesto que se vería como un impuesto adicional al tratarse de algo obligatorio. 
Las inversiones de estas empresas se centran en capital de trabajo. En muy bajo porcentaje se da en activos. Para el año 2013, comentó hay gran incertidumbre, debido a que la mayoría de las empresas esperan una devaluación. 
Facturación
La facturación es otro tema. Páez reveló que muchas esconden estas cifras por miedo, sin embargo logró recabar que 52% de las empresas facturan montos inferiores a 300 mil dólares, 14% hasta 900 mil dólares, 10% hasta un millón 800 mil dólares, 8% hasta cuatro millones de dólares y 6% por encima de la última cifra. 
Los objetivos están claros. La mayoría trabaja para inversiones, renovación de equipos, ampliar el negocio y apenas 2% piensa en el mercado internacional. 
Además han ido desarrollándose, pues más del 80% dispone de computadoras, cuando en 2004 la cifra se situaba en 43%. Cerca del 60% tiene conexión a Internet. www.el-carabobeno.com
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domingo, 4 de noviembre de 2012

FE PUBLICA Y EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÒN DE VENEZUELA



Infromaciòn extraida del Blog Entorno Gerencial.
Fecha : 04- 11-2012
 
Hoy en día son muchas las funciones y atribuciones que tiene el Estado en diferentes ámbitos (administrativo, económico, organizacional, productivo, social, entre otros), es por ello que la Administración Pública, se ha visto en la necesidad de delegar ciertos tipos de "actos" en determinados tipos de funcionarios o particulares, siempre y cuando, exista el cumplimiento de ciertos requisitos y formalidades que garanticen la confianza de todo el procedimiento, así como también de los datos e información que se esté manejando, sea esta de carácter pública o privada.

De esta manera, nace el bien jurídico denominado: fe pública, construido luego de una larga evolución doctrinal, el cual encierra un significado particular en el que tiene relevancia el poder del Estado de atribuir a ciertos actos suyos, traducidos en documentos, validez general para acreditar determinado tipo de relaciones jurídicas.

Para ello se vale de ciertas condiciones que deben rodearlos, o bien el cumplimiento de determinadas formas (sellos, papel especial, timbres, etc), a partir de los cuales se les asigna valor de verdad, en cuanto prueban lo que en ellos consta. Fe pública es pues, la confianza que, por esa intervención del Estado a través del derecho, se genera en esos documentos y lo que ellos certifican o representan, dándoles fuerza para generar un juicio de certeza, bien de la realización de un acto creador de relaciones jurídicas, o bien que de cuenta de ellas y que por ello les permite generar efectos jurídicos.

La fe pública tiene validez real, únicamente cuando existe un nivel aceptable de confianza entre los miembros de la sociedad y las personas que son responsables del resguardo de las bases de datos públicos. Los Colegios Profesionales son conscientes de la importancia de mantener la validez de la fe pública, por ejemplo en la página web del Colegio de Abogados de Costa Rica en la sección, Historia del Colegio de Abogados, dice: "sin duda, el Colegio de Abogados a través de sus agremiados es depositario de la fe pública y del correcto ejercicio de la profesión, bajo dos condiciones elementales: sabiduría y honradez."

Partiendo de lo antes expuesto, es indiscutible el alto sentido de responsabilidad social que va de la mano de la fe pública y el ejercicio de las profesiones, tal es el caso de los Abogados, Médicos, Ingenieros y en especial los profesionales vinculados con las ciencias económicas y sociales, como por ejemplo los Licenciados en Administración y Contadores Públicos, quienes tienen la enorme responsabilidad de velar no sólo por los registros contables, sino también por la salud financiera de las organizaciones.

Muchas veces, se pensaba que los únicos profesionales que otorgaban fe pública, eran los Contadores Públicos, y por tal motivo se adjudicaron la realización de ciertos documentos de interés público, como por ejemplo: Certificaciones de Ingreso, Balances Personales, Inventarios de Apertura, entre otros. Con este escrito, se pretende aclarar que la fe pública no es exclusividad de una sola profesión, y que por el contrario puede ser ejercida de pleno derecho, por aquellos profesionales cuyas leyes de ejercicio profesional así lo establezcan. Todo esto, lleva a pensar que quienes tengan esta facultad, deben ser profesionales de alta calidad moral, con amplios conocimientos sobre el tema a tratar, competentes y de reconocida probidad, de ahí la importancia de los Colegios y Gremios Profesionales.

En tal sentido y aplicando la temática en forma particular a la administración, el artículo número 9 de la Ley de Ejercicio Profesional del Licenciado en Administración, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 3.004, establece que: "La firma de un Licenciado en Administración sobre los informes en relación con la organización, dirección, comunicación o cualquier otro aspecto administrativo inherente a su profesión, acerca de una entidad pública o privada, presupone que el mismo fue preparado a la luz de la información disponible y veraz y con sujeción al régimen jurídico vigente". De igual manera, cuando se trate de análisis de gestión administrativa, la firma del profesional presupone que la opinión suministrada refleja razonablemente la capacidad operacional existente en la entidad para el área y período revisado.

Para concluir, se debe recordar que el propósito de la contaduría pública es generar registros contables (históricos), que reflejen las operaciones de la empresa, información ésta que deberá ser procesada por la Administración para crear valor agregado, a través de estadísticas, indicadores de gestión, análisis comparativos, que permitan mejorar la toma de decisiones. En tal sentido, es importante que los Licenciados en Administración tomen conciencia de la gran responsabilidad social que su labor implica, de manera tal que respondan a las expectativas que de ellos se tiene por parte del Estado y de la sociedad en general.